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Hace casi una semana, Shakira aceptó cargos de presunto fraude fiscal en España y fue condenada a tres años de cárcel, que no cumplirá, y a pagar una multa de $7.9 millones de dólares.
Aunque ya no enfrenta juicios penales en España tras llegar a un acuerdo por los seis delitos imputados, la cantante colombiana aún tiene una causa administrativa abierta con la Agencia Tributaria por el ejercicio fiscal de 2011.
Según la agencia, Shakira debería haber tributado en España ese año, ya que la ley establece que cualquier persona que permanezca más de 183 días en el país debe tributar. La artista argumenta que en 2011 solo visitó España para encontrarse con su pareja, Gerard Piqué, y sostiene que no tenía ningún vínculo con el país ese año.
Shakira, a través de su agencia de comunicación, expresó que la causa de 2011 es "un sinsentido" y que ha tenido que pagar por el capital de trabajo de su gira, enfrentándose a multas desproporcionadas por ganancias que no existieron.
Su equipo legal afirma que continuará luchando contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo, una vía que consideran menos desgastante y expuesta que la penal.